Sin embargo, a diferencia de los ejércitos profesionales, las compañías privadas presentan como inconveniente el hecho de estar movidas únicamente por el lucro económico, así como de carecer de algo como un código de justicia militar mediante el que exigir responsabilidades, con el consiguiente riesgo de que se produzcan abusos.
Soldados españoles en Bosnia-Herzegovina.
De este modo, en un intento de regular las actividades de estas empresas, en el año 2008 el Comité Internacional de la Cruz Roja dio lugar al Documento de Montreux, un documento donde se reafirman las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados en lo que respecta a las operaciones de las empresas militares privadas durante los conflictos armados, así como se recogen una serie de prácticas idóneas para su contratación (Comité Internacional de la Cruz Roja [CICR], 2013). El Documento de Montreux se encuentra actualmente suscrito por 54 países y tres organizaciones internacionales, siendo firmado por España en Mayo del 2009.
Es este un hecho llamativo para un país en el que apenas existen empresas de este tipo y en el que no se hace uso de ellas. De este modo, en contraposición con países como Estados Unidos (donde las compañías privadas han crecido de acuerdo a las operaciones militares del país) o Gran Bretaña (donde la existencia de contactos en los antiguos territorios ha permitido a las empresas un carácter más global), España no ha precisado de la labor de estas compañías en sus misiones. Probablemente influye en gran medida el hecho de que España por su relevancia y capacidades participa en el extranjero de una forma más discreta y sobre todo en misiones que no son directamente de combate, por lo que no precisa de contratistas que puedan apoyar o sustituir a sus fuerzas militares.
