Para hacernos una idea del volumen del problema, en el año 2015 aproximadamente un millón de personas habían llegado a Europa. Esta llegada masiva se convertiría en un severo rompecabezas para una UE que no estaba preparada para hacer frente a una situación tan complicada.
La ruta griega ofrecía una mayor cercanía para aquellos que se encontraban huyendo de los conflictos de Oriente Medio, lo que facilitaba una mayor afluencia de personas, pero también implicaba un mayor número de muertos. A fin de cuentas, aunque la vía griega era menos peligrosa que la italiana, también encerraba riesgos; a esto se unían las penurias propias de tener que abrirse camino hasta los países de destino del norte de Europa atravesando toda la ruta de los Balcanes (penurias que se incrementaban aún más por las duras condiciones climáticas durante la época de frío).
La llegada masiva de refugiados hizo estallar por los aires al mal desarrollado sistema de asilo europeo. Este estaba basado en el denominado Reglamento de Dublín, en el que básicamente se establecía que el primer país europeo al que accediese un demandante de asilo sería el responsable de hacerse cargo de tramitar todo el proceso. La naturaleza de este sistema generaba dos graves inconvenientes: en primer lugar creaba una carga especial a aquellos países más cercanos a los focos de migración (haciendo a países como Italia o Grecia responsables de encargarse de tramitar las demandas de asilo y acoger a los demandantes, viéndose rápidamente desbordados y severamente limitados por las difíciles circunstancias que ambos atravesaban debido a la crisis económica) y en segundo lugar limitaba a los demandantes de asilo que se veían forzados a permanecer en el primer país al que habían llegado, cuando normalmente este no sería el destino final elegido (lo que generaba que muchos evitasen registrarse y trataran de llegar por sus propios medios a los países que querían). El Reglamento de Dublín fue en la práctica tumbado desde el momento en que Alemania decidió abrir sus puertas a los refugiados, sin embargo aún no se ha adoptado una postura alternativa.
La constante entrada de ingentes cantidades de refugiados dejó clara la escasa capacidad de la UE para hacerse cargo del control de sus fronteras exteriores, lo que impulsó a numerosos países a establecer controles en sus fronteras para hacer frente al problema. El cierre de fronteras comenzó ya en Septiembre del 2015 cuando el gobierno húngaro se negó a permitir el continuo paso de refugiados por su país, acción que sería imitada por países como Eslovenia, o de la ruta de los Balcanes como Macedonia.
Estas acciones dejaron a miles de refugiados que querían viajar hacia el norte atrapados en las fronteras de Grecia. Posteriormente en el 2016 Alemania (donde la inicial política de puertas abiertas fue siendo cada vez más restrictiva ante la creciente presión de la opinión pública), Suecia, Dinamarca, Austria y Francia también reintroducirían controles temporales en sus fronteras. La reintroducción de controles fronterizos es un elemento de gran preocupación puesto que amenaza directamente al sostenimiento del espacio Schengen, poniendo en peligro la libre circulación de personas dentro de la UE.
Otro hecho colateral a raíz de la crisis ha sido la rápida expansión por Europa de posturas racistas y el fortalecimiento de partidos xenófobos y de extrema derecha. Al grave problema que supone el tránsito de miles de refugiados se han sumado los numerosos ataques terroristas ocurridos por Europa a manos de radicales yihadistas. Esto ha supuesto que numerosas hayan sido las voces que han manifestado que al permitir la entrada descontrolada de refugiados se haya permitido que puedan entrar los yihadistas en Europa, con el grave riesgo que esto entraña. La amenaza del terrorismo ha llevado a generar una actitud de desconfianza hacia los refugiados, surgiendo una postura de rechazo entre numerosos países y habiéndose registrado ataques contra ellos.
Si algo ha dejado claro la crisis de refugiados ha sido la falta de unidad entre los países miembros de la UE, habiéndose dado un enfrentamiento en cuanto a las posturas a adoptar para solucionar la crisis. La gravedad de la situación ha llevado a que cada país haya reaccionado de una manera distinta, así mientras unos abogaban por una respuesta conjunta otros se cerraban en torno a su identidad nacional. Sin embargo, con el paso del tiempo y el empeoramiento de la crisis hemos visto como se restablecían fronteras internas, se endurecían las condiciones de asilo, se expulsaba a aquellos inmigrantes que procedían de países seguros y no eran refugiados… El estrepitoso fracaso de la política europea de asilo dio lugar a que la UE tratase de buscar una solución con la que aliviar la presión ejercida sobre países como Italia o Grecia, estableciendo cuotas proporcionales de acogida de refugiados entre los estados miembros.
A pesar del voto en contra de algunos países, la Comisión Europea consiguió aprobar en Septiembre del 2015 un plan por el cual se distribuiría a 160.000 asilados por la UE (baja cifra si tenemos en cuenta el gran número de personas que ya habían entrado), debiéndose cumplir para Septiembre del 2017. Pero la escasa implicación e interés demostrado por los países europeos, así como la mayor complejidad de los procesos de identificación implementados (que han causado que sólo 20.000 personas en Grecia y 6.000 en Italia cumplan los requisitos para acogerse al plan) ha llevado a Bruselas a reconocer que sólo ha logrado reubicar a una cuarta parte de lo planeado inicialmente.
En un intento de encontrar solución al problema la UE ha tratado de actuar en el foco del problema. De este modo se ha buscado ayudar económicamente a países como Jordania o Líbano, combatir la labor de las mafias o se ha decidido adiestrar a los guardacostas libios, para así cortar los flujos migratorios desde sus lugares de partida. En este ámbito ha sido de vital importancia el acuerdo firmado con Turquía el 18 de Marzo de 2016, por el cual Turquía se compromete a evitar la salida de embarcaciones de su territorio y a recibir a aquellas personas que sean devueltas por acceder irregularmente desde Turquía.
En compensación Turquía obtendría la futura exención de visados para sus ciudadanos, 6.000 millones de euros para sufragar los gastos y un impulso para el acceso a la UE (exigencias estas que debido a la deriva islamista de Turquía son complicadas de cumplir). Lo cierto es que se ha conseguido reducir el número de llegadas a Grecia (si bien aún sigue siendo mayor el número de llegadas que de salidas, convirtiéndose Grecia en un limbo en el que permanecen atrapados los refugiados), aunque ha vuelto a crecer el tránsito por el Mediterráneo central procedente de Libia y las costas africanas. Sea como sea, lo cierto es que la UE no ha encontrado una solución definitiva a un problema que ha demostrado requerir una acción conjunta y decidida de unos estados europeos que no han sabido reaccionar de manera coordinada.
Viene de La Unión Europea ante la crisis migratoria en el Mediterráneo (I)
Otros artículos del autor, Los Campos Cataláunicos – Pablo García Sanchez
Bibliografía
Recursos web
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